Las plantas de reciclado tienen sus cuatro palas mecánicas en funcionamiento
Bajo el firme objetivo de optimizar y recuperar una correcta gestión de las plantas de tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable continúa reparando las maquinarias y herramientas de separación.
Esta semana concluyó la reparación de la pala mecánica de ‘El Jote’, con lo que ahora hay tres máquinas para ordenar la basura y hacer desplazamiento de residuos en condiciones. En 2023 el alquiler a sobreprecios de palas mecánicas (debidamente denunciado ante la Justicia), realizado por la gestión anterior, fue totalmente eliminado. El año pasado el gasto fue de 96 millones de pesos solo en el alquiler de las máquinas, una erogación que ahora no será necesaria porque las palas cargadoras de las plantas se encuentran operativas.
A ello se le suma la reparación de tres prensas, maquinaria elemental para compactar los residuos recuperados. También esta semana se encuentra operativa una chipiadora que marchará rumbo a ‘Peuma’, la planta ubicada en la localidad de La Toma.
En sólo tres meses, la nueva gestión ambiental logró un ahorro millonario luego de reparar cuatro palas cargadoras, una herramienta clave para el acopio y separación de residuos, y el arreglo de tres prensas, fundamentales para compactar chatarras livianas, ferrosos, no ferrosos, cobre, aluminio, acero, entre otros materiales. Solo restaría reparar la prensa de ‘El Jote’.
El fin de los alquileres
La nueva gestión del Ente Administrador de Plantas de Reciclado y Tratamiento RSU detectó que estaban en muy mal estado las palas cargadoras, herramientas vitales para el acopio y separación de residuos. Prácticamente ninguna de ellas estaba operativa.
La administración anterior alquilaba maquinaria a terceros en la modalidad ‘por hora y con chofer’. Estas contrataciones eran muy caras para el erario público. Al día de la fecha, el valor del alquiler (hasta refuncionalizar la maquinaria abandonada) es de $43.000 + IVA por hora de máquina y chofer. Los responsables del organismo en la gestión anterior (Martín Cortázar y Natacha Sadler) alquilaban por un valor de $71.250 con facturación C, lo que perjudicó la toma del IVA por parte del Ente.
En las facturaciones incluso había cambios de nombres y diferentes tipos de facturación, violando las normas de contratación, la ley de contabilidad y perjudicando al organismo gubernamental por no tomar crédito IVA. Las facturaciones por el arriendo de máquinas superjó los 96 millones de pesos, con distintas personas facturando y las mismas máquinas.
